La necesidad de estructurar la participación ciudadana sólo la comprenderán y apoyarán los verdaderos demócratas. Soy consciente de la dificultad pero, desde una posición libre e independiente, tengo que afirmar que sin movimientos sociales bien estructurados, que participen en la resolución de todos aquellos asuntos que les afectan directamente, la gestión política corre el riesgo de burocratizarse hasta el extremo de que no se atienda como es debido la demanda ciudadana, según las necesidades reales, sino que intenten prescindir o eliminar al movimiento asociativo.
Además, una participación activa de los ciudadanos será el respaldo básico y fundamental en el que el sistema democrático se vea fortalecido. Consecuentemente la participación activa de los ciudadanos servirá como motor para que los gobiernos y políticos ajusten su actuación a unos planteamientos más realistas y acordes con las exigencias de cada momento, sobre todo cuando se refieran a temas que, de manera muy directa, afectan y convienen a los vecinos y ciudadanos en general.
Por otra parte, si la participación de los vecinos quedase reducida a elegir cada cierto tiempo a sus representantes, cabe el peligro de que éstos, olvidando que fueron elegidos para propiciar que la administración sirva con objetividad a los intereses generales, actúen como si fueran dueños de las decisiones que afectan a todos. Por ello, para garantizar que la administración esté al servicio de los vecinos, es necesario articular una legislación y reglamentaciones adecuadas, que promuevan y faciliten una participación eficaz del movimiento vecinal a todos los niveles; de lo contrario, este derecho constitucional se convertiría en un derecho vacío de contenido.
Las asociaciones desempeñan un papel fundamental en los diversos ámbitos de la actividad social, representando los intereses de los ciudadanos ante los poderes públicos y desarrollando una función esencial e imprescindible en las políticas de desarrollo. Los éxitos o fracasos de los gobernantes salpican la corresponsabilidad de los ciudadanos. Por ello, es necesario analizar la existencia del marco legal que hace posible legitimar la colaboración vecinal con la Administración y también con la industria, el comercio, las organizaciones empresariales y sindicales; colaboración basada sobre una relación de confianza mutua y de intercambio de experiencias en temas como medio ambiente, cultura, educación, sanidad, protección social, lucha contra el desempleo, y promoción de derechos humanos.
Juan de Dios Regordán Domínguez
Presidente de FAPACSA
