Extraido de Europasur 20/07/09
Fapacsa ve necesario depurar responsabilidades en torno a la empresa mixta Emalgesa, en especial hacia la parte privada, Aqualia. El presidente de la Federación de Asociaciones de Participación Ciudadana del Sur Azul, Juan de Dios Regordán, aseguró ayer que las informaciones publicadas por Europa Sur relativas a la gestión del servicio están generando una grave desconfianza entre los ciudadanos hacia los políticos. 
Fapacsa no descarta incluso acudir a los tribunales para defender los intereses vecinales que, con las prácticas puestas en relieve por este diario, consideran lesionados. Todo ello después de que a la extracción de agua de manantial cobrada a precio de pantano generando beneficios de hasta 2,97 millones de euros y la adjudicación sin concurso al socio privado de obras en infraestructuras hidráulicas por 6,52 millones se sume ahora un desfase de 853.180 euros también favorable a Aqualia en intereses por la financiación de las obras ejecutadas a través del canon de mejora.
Ello fue producto del cambio al alza del diferencial financiero que rige la amortización del canon de mejora con el que se invirtieron hasta 13,9 millones de euros en infraestructuras y que abonan los ciudadanos en los recibos del agua mediante un convenio ratificado por pleno. El documento, aprobado en 2001, altera las condiciones originales de la adjudicación del servicio con las que Aqualia (entonces Sogesur) concurrió en 1995, también bajo la etapa de gobierno presidida por Patricio González.
Regordán lamentó que una nueva polémica se ciña sobre la gestión de Emalgesa sin que se hayan determinado aún responsables políticos. "Se está generando desconfianza entre las personas que han desempeñado y desempeñan cargos políticos. Es necesario aclarar ya la situación y que cada uno asuma sus responsabilidades. Que cada palo aguante su vela", comparó Regordán.
El presidente de Fapacsa aseguró que, desde su actitud independiente, no descarta poner la situación en conocimiento de la Justicia. "Lo haremos con todo aquello que vaya en contra de los ciudadanos, llegando a las últimas consecuencias. Tenemos un abogado, que nos lleva el asunto del catastrazo, por lo que estudiaremos qué acciones podemos seguir. Al menos, dar cuenta para que se actúe de oficio, porque como consecuencia de nuestra independencia, el Ayuntamiento no nos ha abonado las subvenciones y estos gastos salen de nuestros bolsillos", criticó Regordán.
En cualquier caso, el máximo responsable de Fapacsa destacó que sus acciones no irán encaminadas a buscar culpables políticos. "Nosotros, como federación, no somos un partido de oposición. No entra dentro de nuestras acciones, ya que no vamos en contra de ningún partido, vamos en contra de lo que está mal hecho y repercute en los ciudadanos de forma negativa", insistió.
